El retiro decidido por la petrolera estatal produjo negociaciones con las provincias que se endurecieron en las últimas semanas. Los mandatarios provinciales acumulan sendos enojos con las intenciones de la empresa de bandera argentina. La desinversión y los pasivos ambientales en el centro del debate.  

Los gobernadores podrían decidir demandar, en forma conjunta, a la empresa estatal argentina YPF. Luego de no pocas charlas -muy frecuentes entre ellos-, los mandatarios habrían concluido que el diálogo con la conducción de la petrolera es inconducente.

La demanda intentará forzar a YPF a revertir a las gobernaciones, las áreas que tiene sin producir en las provincias de Salta, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras.

Además, buscará que la petrolera se haga cargo de los numerosos pasivos ambientales que adeuda, que en conjunto suman decenas de miles de millones de dólares.

En los equipos provinciales, se quejan de que “YPF en los últimos años dejó de invertir en yacimientos convencionales”. Están muy enojados porque –argumentan- “hoy, por una cuestión de buscar más rentabilidad económica, abandonan a las provincias que tienen yacimientos convencionales”.

En la primera semana de marzo, YPF finalmente anunció a sus inversores que a lo largo de 2024 invertirá unos US$ 5000 millones, un 12,5% menos que el año pasado, aunque destinará a sus operaciones en Vaca Muerta US$ 3.000 millones en su estrategia de focalizar esfuerzos en el no convencional neuquino. Horacio Marín, CEO y presidente de YPF, detalló entonces que «estamos acelerando tanto como es posible nuestro crecimiento en la producción de shale y al respecto estamos planeando objetivos muy ambiciosos de producción por los próximos dos años con una expansión del 24% en 2024 y un futuro 35% en 2025. Esto significará saltar de los 97.000 barriles diarios que promedió en 2023, a sumar al menos 120.000 barriles en este año y unos 160.000 el próximo».

La noticia no fue bien recibida por todos los gobernadores, que acusan a YPF de intentar “negociar con los privados en los yacimientos que producen un poquito más y dejar abandonados a la suerte a los yacimientos menos productivos”. En la propia provincia de Neuquén, el reclamo de la reversión de las áreas maduras es histórico. Esa provincia, incluso, dispuso en el año 2012 la quita de dos áreas y dejó en análisis otras dos áreas para las cuales la petrolera presentó una propuesta de inversión. El entonces gobernador Jorge Sapag revirtió por la fuerza las áreas “Chihuido de la Salina” y “Portezuelo Minas”, que no estaban en producción. Tiempo después, YPF accionó judicialmente contra Neuquén.

Lo propio hizo en su momento Chubut con “El Trébol-Escalante” y “Campamento Central-Cañadón Perdido” que representaban cerca del 7% de la producción total de crudo de la rincipal petrolera del país.

Los gobernadores se quejan de que YPF “les sacó presupuesto a las provincias que tienen yacimientos convencionales y se lo metió todo a Vaca Muerta”.

Por ello es que plantean hacer “una demanda conjunta por la falta de inversión, por la pérdida de producción, que terminó siendo un daño al Estado, por no sostener ni incrementar la producción y no cumplir con los pasivos ambientales”.

Los gobernadores no son los únicos enojados. También se quejan los gremios que agrupan a los trabajadores petroleros. En Chubut, hay problemas con los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas y los recortes salariales dispuestos por la empresa. En Santa Cruz, mientras tanto, está preparada una gran asamblea para este lunes 25 de marzo en Cañadón Seco. Allí, el gremio mostrará su poderío y advertirá a la empresa de que no aceptarán esos recortes.