La Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa una grave crisis. Con 2500 trabajadores suspendidos y una producción en declive, las esperanzas están puestas en la reactivación prevista para marzo de 2025. Sin embargo, las decisiones políticas recientes han sumado incertidumbre, generando tensiones entre los trabajadores y sus dirigentes.
En el centro de la polémica está Jorge Ávila, secretario general del gremio de Petroleros Privados de Chubut, quien tras encabezar en 2023 la lista de diputados nacionales del PRO en la provincia, votó en 2024 a favor de la Ley de Bases, una legislación que muchos trabajadores consideran contraria a sus intereses. Este giro político ha provocado divisiones en su base de apoyo, que cuestiona la coherencia entre su rol sindical y su posición parlamentaria.
Un año marcado por las trabas y la incertidumbre
La falta de proyectos concretos para la región ha generado una caída histórica en la actividad petrolera. Mientras la Cuenca Neuquina celebra su crecimiento con 50.000 trabajadores activos, en la zona norte del Golfo San Jorge los números son alarmantes: apenas 9.000 operarios activos y sin grandes inversiones en el horizonte. Ávila ha denunciado la existencia de «actores políticos que frenan las inversiones», lo que ha obstaculizado proyectos clave como el del clúster Campamento Central – Cañadón Perdido, gestionado por Pecom.
«Nosotros no vamos a regalar nada a nadie. Vamos a enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentarnos para defender la cuenca», aseguró el dirigente en una reciente conferencia de prensa, marcando un tono combativo ante la crisis.
Las inversiones que no llegan
Uno de los puntos críticos es el futuro de los bloques que actualmente operan Pan American Energy (PAE) y Capsa, cuya reactivación está prevista para inicios de 2025. Por otro lado, la posible transferencia del bloque El Tordillo a Petrominera ha generado expectativas, pero también incertidumbre, debido a los altos costos asociados:
«Si miramos los 15 millones de dólares que Tecpetrol iba a invertir, nosotros podemos poner esa plata. Pero para un desarrollo más grande necesitamos un socio estratégico», explicó Ávila.
Además, Ávila cuestionó las condiciones del yacimiento Restinga Alí, que quedó en manos de Petrominera tras la decisión de YPF de no incluirlo en el Proyecto Andes: «Es un yacimiento sin reconversión posible. Va todo al mar. Esto representa un enorme desafío que tenemos que afrontar», señaló.
Tensiones entre política y sindicalismo
La posición de Ávila como diputado nacional del PRO ha sido objeto de fuertes críticas. El voto a favor de la Ley de Bases en 2024 ha sido percibido como una traición por muchos trabajadores, quienes consideran que la legislación prioriza los intereses empresariales sobre la protección de sus derechos laborales y el desarrollo sustentable de la cuenca.
Aunque Ávila sostiene que esta ley busca atraer inversiones y garantizar la competitividad de la industria, el malestar entre los trabajadores es evidente. «La productividad está siendo tan cara que ya no se aguanta. Todos tenemos que colaborar para salir de esta situación, pero sin hipotecar el futuro de la cuenca», afirmó.
Un futuro incierto
Con trabajadores en suspenso y una industria al borde del colapso, el panorama para Chubut es sombrío. La reactivación prometida para 2025 será crucial, pero persiste la duda de si las decisiones políticas y sindicales actuales garantizarán un futuro sostenible para la región.
«El tiempo se agota y la cuenca necesita soluciones reales y urgentes. El desafío está en superar las divisiones y priorizar el bienestar de los trabajadores y sus familias», concluyó Ávila.
