El avance del ajuste en Vialidad Nacional genera preocupación entre trabajadores y sectores políticos, quienes advierten sobre el impacto de estas medidas en la seguridad vial y el mantenimiento de las rutas. La reducción de personal, el desfinanciamiento y la privatización parcial del organismo profundizan una crisis que afecta a todo el país.
Diputados nacionales, entre ellos la Diputada por la provincia de Santa Cruz Ana María Ianni, recibieron a trabajadoras y trabajadores de Vialidad Nacional para analizar la grave situación que atraviesa el organismo y sus implicancias para la seguridad vial en el país.
Días atrás, se llevó a cabo una reunión con trabajadores y delegados sindicales de Vialidad Nacional para abordar el impacto de las políticas del régimen de Milei sobre la infraestructura vial. En un contexto donde el 70% de las rutas nacionales están en mal estado y el riesgo de accidentes aumenta, las medidas adoptadas por el Ejecutivo profundizan la crisis:
- Subejecución del 40% del presupuesto 2024 asignado a obras.
- Reducción del 30% del personal de Vialidad Nacional, y fusión de organismos que podría alcanzar los 1000 despidos.
- Concesión de los tramos más rentables a empresas privadas, dejando 30.000 km de rutas en el abandono.
- Retención de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), a pesar de que su transferencia está regulada por ley.
Estas decisiones no solo afectan la infraestructura vial, sino que ponen en peligro la vida de quienes transitan las rutas nacionales. Con menos mantenimiento y controles, aumenta el riesgo de accidentes, lo que podría traer consecuencias irreversibles para la sociedad.
Desde los sectores afectados advierten que esto no es solo un recorte, sino una decisión que condena rutas, trabajos y vidas. Frente a este escenario, reafirmaron su compromiso de seguir denunciando y resistiendo cualquier intento de privatización y desmantelamiento del organismo, en defensa de un sistema vial seguro y accesible para todas y todos los argentinos.
