En un contexto de profunda crisis económica y social, el gobierno de Patricia Bullrich anunció la reinstauración del Servicio Cívico Voluntario para Jóvenes, una medida que involucra a Gendarmería Nacional como eje del programa. Si bien el discurso oficial lo presenta como una herramienta para inculcar «valores y disciplina», las críticas no tardaron en llegar, señalando que el verdadero trasfondo puede estar vinculado más al control social que a una solución efectiva para los problemas de fondo.

La pobreza y desocupación juvenil: un drama nacional
La situación de los jóvenes en Argentina es alarmante: más del 50% de las personas de entre 15 y 24 años vive en situación de pobreza, según datos de la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Dentro de este grupo, el desempleo afecta a más del 20%, mientras que un alto porcentaje se encuentra empleado en condiciones de informalidad, con ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica.

En este escenario, la pobreza no solo está relacionada con la falta de empleo, sino también con la calidad de los trabajos a los que los jóvenes tienen acceso. Estos datos muestran la magnitud del problema, que no parece encontrar solución en medidas que impliquen formación en valores desde una institución vinculada históricamente a la represión.

¿Qué valores inculcará Gendarmería?
El programa plantea como objetivo «formar jóvenes en la disciplina, la responsabilidad y el respeto», pero su implementación a través de la Gendarmería Nacional genera cuestionamientos legítimos. Esta fuerza de seguridad ha sido señalada por su rol en hechos gravísimos de represión y violencia, como las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

¿Cómo se puede confiar en una institución que carga con un historial de abusos, muchas veces amparados por el Estado? ¿Qué tipo de «valores» inculcará a jóvenes vulnerables, que en lugar de recibir oportunidades educativas o laborales, son derivados a un espacio de entrenamiento regido por lógicas autoritarias?

Una respuesta insuficiente a la falta de empleo
En lugar de generar programas integrales que promuevan el acceso al trabajo decente, la educación y la formación profesional, la medida parece trasladar la responsabilidad del Estado hacia los propios jóvenes. En un contexto donde los sectores más golpeados necesitan políticas públicas inclusivas, el «Servicio Cívico» se presenta como una salida fácil para el Gobierno, más preocupada por apaciguar tensiones sociales que por resolver las causas estructurales de la crisis.

La formación cívica y la construcción de valores son tareas que deberían darse en contextos educativos o laborales inclusivos y no en instituciones militarizadas. Si la política pública no ataca las verdaderas causas de la pobreza y la falta de oportunidades, lo único que se logrará es profundizar la exclusión y estigmatización de los sectores más vulnerables.

¿Control social en lugar de justicia social?
La medida despierta temores de que el «Servicio Cívico» sea en realidad una herramienta para el control social de los sectores jóvenes más golpeados por la pobreza. En lugar de garantizar derechos, el gobierno parece optar por disciplinar, bajo la excusa de inculcar valores.

Mientras tanto, los jóvenes de sectores populares enfrentan un panorama desesperanzador, donde la pobreza y la desocupación no son problemas que puedan resolverse con adoctrinamiento, sino con políticas públicas que garanticen educación de calidad, acceso a trabajos formales y un horizonte de dignidad.

El «Servicio Cívico» no es más que un parche que ignora la raíz del problema y, además, lo profundiza al depositar sobre los jóvenes la responsabilidad de su situación, cuando es el Estado quien debería asumir su rol en la construcción de un futuro mejor para ellos.