El candidato a secretario general de UPSRA enfrenta acusaciones de estafa y falsificación. La empresa Secar Security lo acusa de quedarse con una suma millonaria de los aportes sindicales de sus empleados.

En el contexto del proceso electoral de la Unión del Personal de Seguridad de Argentina (UPSRA), se reveló que Julio Gutiérrez, candidato a secretario general del gremio, enfrenta un procesamiento por los delitos de estafa y falsificación, según una causa que se tramita en el Juzgado Federal de San Martín.

Gutiérrez, quien previamente dirigió el sindicato patagónico de vigiladores, UPSAP, y fundó ese gremio tras ser expulsado de UPSRA, fue denunciado por la empresa Secar Security (antes conocida como Securitas). De acuerdo con la acusación, se habría apropiado de manera fraudulenta de más de $720 millones, correspondientes a aportes sindicales de 234 empleados entre 2018 y 2022.

La denuncia también involucra a la comisión directiva de UPSAP, cuyos miembros, al igual que Gutiérrez, están acusados de presentar documentación falsa para engañar a la justicia. Según el expediente judicial, habrían creado un certificado de deuda falsificado para justificar el embargo de las cuentas bancarias de Secar, reemplazando los listados originales con documentos que incluían a personas ajenas a la empresa.

El historial de Gutiérrez complica su situación. Como exministro de Trabajo de Santa Cruz, actualmente con licencia, ya había enfrentado controversias, incluida su expulsión de UPSRA en 2008 por hechos similares. Esta nueva acusación se produce en un contexto donde el debate sobre la implementación de la normativa de «ficha limpia», que busca prohibir la candidatura de personas con antecedentes judiciales, sigue activo en el ámbito legislativo.

El conflicto comenzó cuando Gutiérrez reclamó judicialmente los aportes sindicales, un monto superior a $720 millones. Secar sostiene que el gremialista presentó pruebas falsas para sustentar su demanda, sustituyendo listados de empleados reales por nombres inexistentes o pertenecientes a otras empresas. Este proceder resultó en el embargo de las cuentas de la compañía.

A pesar de que los certificados de deuda emitidos por entidades gremiales tienen presunción de legitimidad, Secar alega que la documentación fue manipulada con el propósito de obtener beneficios económicos indebidos, lo que profundiza las sospechas en torno a las prácticas de Gutiérrez y su equipo.