La Unión Cívica Radical de Santa Cruz, transita por momentos de honda preocupación por cuanto, a un dirigente de zona norte, quien tenía a su cargo la presidencia del Comité Caleta Olivia, lo sacaron del cargo sin mediar los resortes institucionales correspondientes para estos casos, establecidos en el estatuto partidario, motivado en una denuncia por violencia de género que en el año 2020 planteara la señora Paula Obaya en contra de Matías Quinteros, razón por lo cual se abrió una causa en el Juzgado de Primera Instancia de Familia de Violencia Doméstica Nº 2 de Caleta Olivia (Expte 3103/2020) y el 15 de febrero de 2023 el mismo Juzgado sentenció el envío al archivo de la causa por cuanto, la denunciante no asistió (injustificadamente) a la Audiencia cayó la causa y el acusado quedó libre y exculpado de cualquier imputación y/o responsabilidad sobre la denuncia efectuada por Obaya.

El problema es que, durante el tiempo transcurrido entre el año 2020 y el 2023, desde la UCR la Vocal del Comité Provincia, diputada nacional Roxana Reyes, Daniel Roquel, Daniel Gardonio y Daniela D`Amico, produjeron una campaña en contra del denunciado y lo desplazaron de la conducción del Comité Caleta Olivia, según Quinteros, porque lo quisieron intervenir, expulsar y sancionar “y hoy desconocen lo que hicieron y dijeron, no se hacen cargo de todo lo que hablaron de mi y publicaron y difundieron ensuciándome falsamente” y agregó “ Todavía me falta iniciar demanda contra la Secretaria de la Mujer, Isabel Ampuero y Claudia Rattaro también miembros de la Junta electoral y mujeres que rodean a Reyes, quienes firmaron un documento lapidándome por algo que hoy la justicia archivó definitivamente”, concluyó.

El proceso

Iniciada la denuncia contra Quinteros son muchos los registros en gráfica y video donde la diputada nacional Roxana Reyes expresa concretamente que el entonces Presidente del Comité Caleta Olivia, era suspendido en su cargo por razones de violencia de género, señalando que era inaceptable su permanencia dentro del partido, toda vez que una de sus banderas era precisamente, el cuidado de la mujer y la familia.

Tal como se desprende de todos los archivos periodísticos, declaraciones y comunicados de la UCR, Quinteros fue prejuzgado, sin atender al beneficio de la duda y solo anclando esta acción de separarlo del cargo, por una denuncia que luego no fue homologada ante la justicia, tal como consta en la documentación respectiva.

Ante esto y tras sentirse perjudicado en su buen nombre y honor, más lo que considera un injusto desplazamiento de cargo en la UCR, tras no respetarse el procedimiento normal para proceder a suspender a un dirigente de importancia, dentro de la estructura partidaria, Matías Quinteros tras haber gritado a los cuatro vientos su inocencia, nunca fue tenido en cuenta.

A partir de la sentencia judicial, entonces, inició las correspondientes demandas a quienes accionaron en su contra, dice Quinteros, por razones estrictamente política-partidarias y subvirtiendo el orden interno y funcional del partido, con tal de desplazarlo del cargo “Esta acusación ilegal, como lo demostró la justicia y lo demostró la abogada que me patrocina, deja en claro que esta maniobra ha sido por razones de orden interno, desacuerdos conmigo por no ser parte de los negocios que hace esta gente dentro de la UCR, por lo cual decidieron salir a ensuciarme de todas las formas posibles, incluyendo esta farsa de un delito que no cometí y no lo digo yo, lo dice la justicia donde la supuesta damnificada faltó sin aviso ni justificación al llamado obligatorio que hizo en juzgado y al cual concurrí para decir toda la verdad”, indicó Quinteros.

Por esta razón, el 17 de abril de 2023 Quinteros le cursó una Carta Documento a la diputada Roxana Reyes donde la conmina a pagar en el plazo de 24 horas la suma de 200 millones de pesos por daños y perjuicios, fundando su acusación en actos abusivos y arbitrarios de público conocimiento, por cuanto el 9 de octubre del año 2022 “ordenó una indigna suspensión a mi cargo como Presidente del comité Radical de Caleta Olivia, careciendo de atribuciones”, apoyándose Quinteros en que el único estamento con competencia es el Tribunal de Conducta de la UCR, desde donde se expresó que no había fundamentos para suspenderlo.

Con fecha 24 de abril de 2023, Roxana Reyes, rechazó la CD de Quinteros por “improcedente” negando que haya tenido una acción abusiva o arbitraria en su contra ni haber ordenado la suspensión del cargo en la presidencia, mucho menos haber difundido conceptos injuriosos contra su persona por ningún medio de la provincia, como dice el acusado y el cual tiene agendada todas las declaraciones de la diputada en ese sentido, “voy a presentar ante la justicia todo el material, en la demanda que le inicio, porque además de ser confabuladora y mentirosa, no se hace cargo de su irresponsabilidad”, señaló Quinteros.

Reyes le aclara que el propósito de la CD de Quinteros “solo persigue un fin malicioso e ilegal “procura obtener un beneficio económico sin causa (enriquecimiento ilícito)” ante lo cual lo intima a abstener de iniciar cualquier proceso judicial en su contra.

Matías Quinteros, sobre la devolución formal a su Carta Documento dijo “Está tan desubicada esta señora que pretende que después de daño que me hizo, en todos los sentidos, social, económico y laboral, yo no le exija un resarcimiento económico que me corresponde si la justicia prueba que ella miente y yo digo la verdad. Pretende tildar de enriquecimiento ilícito mi justo reclamo resarcitorio y pensar que es abogada…” y recalcó “ bastante extraña la interpretación que hace de lo que implica una demanda por daños y perjuicios que, además de la retractación que le voy a exigir por todos los medios, le exijo un costo pecuniario licito y por ley, porque esto no le va a salir gratis, ni a ella ni a quienes con ella me usaron para expulsarme del partido, solo por no estar de acuerdo con sus ideas y procedimientos y para eso usaron la peor de las acusaciones como es la violencia de género, con lo sensible y delicado que es el tema, hoy instalado en la sociedad casi como un hecho segregatorio, que pone al acusado prácticamente en la marginalidad y toda esta gente hizo conmigo lo que en el discurso dicen no hacer, porque es evidente la diferencia que tienen entre lo que exponen públicamente y lo que hacen en la intimidad del poder”, concluyó Quineros.

Agencia OPI Santa Cruz